Por: Francisco Díaz Pou

El anuncio reciente del presidente Trump sobre las conversaciones con el régimen castrista, junto con sus reiterados comentarios acerca del grave deterioro de la economía cubana, ha tenido una influencia notable en el desarrollo del calendario de la crisis que atraviesa la Isla. Estas declaraciones han alterado la percepción social y el ritmo de los acontecimientos, estableciendo así una nueva dinámica para la situación nacional.

Tal como se ha señalado, el Estado cubano ha demostrado su fracaso como empresario responsable en la producción de alimentos y su incapacidad para gestionar de manera eficaz los recursos agrarios del país. Ante este panorama, resulta imprescindible impulsar la privatización de la producción agropecuaria, lo que permitiría un manejo más eficiente y productivo de los recursos disponibles.

Tradicionalmente, la industria azucarera ha sido el pilar fundamental del sector agropecuario cubano, sustentada en gran medida por las inversiones en infraestructuras realizadas durante varias décadas antes de la instauración del régimen castrista. Durante el periodo republicano precastrista, el desarrollo agropecuario fue posible gracias a la existencia de 161 centrales distribuidos en las seis provincias de la época, que funcionaban como verdaderos parques industriales en sus respectivas regiones. El personal técnico y administrativo de estos ingenios facilitaba la realización de zafras azucareras en tiempos y costos competitivos, además de brindar apoyo a su entorno geográfico en diversas actividades productivas, generando así un importante sinergismo económico.

En la actualidad, los centrales existentes requieren inversiones considerables en maquinarias y equipos para sus operaciones. Como parte del proceso de modernización, es imprescindible incorporar técnicas y procedimientos ejecutados por personal altamente capacitado, lo que permitiría incrementar la producción y el rendimiento industrial.

Desafíos en el sector agrícola

Más allá del deterioro de la planta industrial, la industria azucarera demanda una inversión significativa en los cultivos de caña de azúcar. De forma inmediata, se requiere al menos duplicar el rendimiento agrícola mediante la introducción de mejores variedades de caña y la aplicación de buenas prácticas en los cultivos, incluyendo el uso de abonos y herbicidas. Frente a la crisis demográfica que enfrenta el país, la mecanización de las labores agrícolas y de cosecha resulta imprescindible, lo que implica la incorporación de equipos y métodos de alta tecnología, así como programas de capacitación para el personal.

La incorporación de estos elementos permitiría a las empresas azucareras aplicar un modelo de producción moderno a otros cultivos, con el objeto de aprovechar al máximo los recursos disponibles y mitigar el impacto de la estacionalidad que afecta el cultivo, la cosecha y la producción industrial de la caña de azúcar. De este modo, los activos de las   empresas serían utilizados eficientemente. 

Además de la caña de azúcar, existen otros cultivos que resultan fundamentales para satisfacer la demanda interna del país. Entre ellos destacan el arroz, los frijoles, el maíz y la soya, productos básicos en la alimentación de la población cubana. Estos cultivos presentan una elevada demanda y pueden integrarse adecuadamente al modelo de producción previsto para el sector azucarero, aprovechando la infraestructura y los recursos disponibles en las empresas agroindustriales. 

Por otro lado, es relevante considerar la posibilidad de diversificar la producción agrícola con vistas a la exportación. Una vez restablecidas las rutas de transporte comercial, como funcionaban en la era precastrista, se abriría la oportunidad de exportar hacia los mercados de Estados Unidos y Canadá los llamados “vegetales de invierno” y diversas frutas tropicales. Esta estrategia permitiría aprovechar las ventajas climáticas de Cuba y ampliar las fuentes de ingreso para el sector agropecuario, contribuyendo así a la recuperación económica nacional. 

Estos factores convierten a la industria azucarera en el punto de partida ideal para una reactivación rápida de la producción agropecuaria en el país. Sin embargo, el gobierno, en su papel de empresario, carece de los recursos financieros, la tecnología y la fortaleza empresarial necesarios para enfrentar este reto.

El rol de las instituciones financieras en el desarrollo agroindustrial

A lo largo de más de sesenta años de dominio revolucionario, la economía cubana ha perdido el respaldo de instituciones financieras que, en otros países de la región, han resultado esenciales para el desarrollo sostenible. En la etapa previa a la revolución, el gobierno cubano estableció el Banco de Fomento Agrícola e Industrial de Cuba (BANFAIC), institución que, apoyada por el Banco Nacional de Cuba (Banco Central), el sistema financiero privado y la cooperación de la banca de desarrollo internacional —incluido el Banco Mundial—, logró dinamizar la economía y respaldar actividades productivas como el cultivo de arroz. 

Sin embargo, en 1960, el régimen castrista decidió romper los vínculos con la banca de desarrollo y más tarde cerró el BANFAIC y confiscó la banca privada estatizando todas las actividades financieras. Estas medidas condujeron a la descapitalización de la economía nacional, provocando la salida masiva de recursos financieros y humanos y generando un aislamiento económico que persiste hasta hoy. Esta situación propició la dependencia de la economía cubana primero de la Unión Soviética y, posteriormente, de Venezuela, lo que obstaculizó la adopción de estrategias de desarrollo sostenible y contribuyó al deterioro económico del país. 

Por ello, la reactivación del sector agroindustrial demanda, como requisito fundamental, la recreación del BANFAIC. Esta institución debe operar como un organismo paraestatal, autónomo respecto al Poder Ejecutivo, y su objetivo central sería ofrecer asistencia financiera y técnica a los productores agropecuarios. Asimismo, es imprescindible que el nuevo gobierno restablezca relaciones de cooperación con el Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y promueva la integración de Cuba en el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Al lograr restablecer estos lazos institucionales, el BANFAIC podría acceder a asistencia técnica y financiera para ejecutar sus programas de financiamiento. La reconstitución del sistema financiero privado constituye el complemento indispensable junto al BANFAIC para la reactivación efectiva de los sectores agropecuario e industrial. 

El programa de reactivación puede ponerse en marcha de forma inmediata si el Gobierno lleva a cabo los ajustes estructurales necesarios, lo cual implica su retirada de la función gestora y la adopción de un rol regulador. Este cambio permitiría la devolución de las propiedades a las empresas azucareras que las operaban hasta su confiscación por parte del Estado en 1959 y 1960.

Clasificación de los centrales azucareros según su capacidad de reactivación

Las empresas azucareras que fueron confiscadas por el régimen pueden clasificarse en función del estado actual de sus activos, la planta industrial y los terrenos que poseen. Esta clasificación es relevante para determinar su capacidad de integrarse al programa de reconstrucción.

A partir del diagnóstico realizado sobre el estado actual de sus activos, los centrales azucareros pueden organizarse en cuatro grandes categorías, lo que permite establecer prioridades claras en el programa de reconstrucción y modernización del sector. Esta clasificación es esencial para focalizar los esfuerzos, recursos y acciones a ejecutar, maximizando el impacto de las inversiones y facilitando una recuperación escalonada y eficiente de la industria azucarera.

Grupo 1: centrales con mayor potencial de reactivación inmediata.

Este grupo está conformado por 22 centrales que estaban agrupados en 17 empresas azucareras al momento de su confiscación por el régimen en octubre de 1960. Estos centrales pese a atravesar una prolongada etapa de deterioro en sus instalaciones, mantienen un mínimo nivel de funcionalidad. Este aspecto les permite reincorporarse a la producción en el corto plazo, generalmente en el transcurso de un año. La selección responde a criterios objetivos, enfocados en su capacidad de retomar actividades productivas de manera eficiente y rápida.

• Los terrenos que pertenecen a estos centrales son aptos y están disponibles para el cultivo de caña de azúcar. Esto les permite iniciar de inmediato un programa intensivo de siembras, garantizando el suministro constante de materia prima necesaria para la producción.
• La participación reciente y sostenida en las zafras evidencia que estos centrales han mantenido un nivel de operatividad y experiencia productiva acumulada durante los últimos años. Esta trayectoria refuerza su capacidad de responder de manera eficiente a los desafíos que implica la reactivación de la industria azucarera.

La posibilidad de retomar operaciones está al alcance de estos centrales con inversiones moderadas. Dichas inversiones se orientarían principalmente hacia la modernización de plantas, equipos industriales, maquinaria agrícola y material rodante para el acarreo de la caña al central. Sin embargo, es imprescindible considerar desafíos como la disponibilidad de financiamiento y la capacitación del personal en nuevas tecnologías, factores que pueden incidir en el ritmo de reincorporación y el éxito del proceso de modernización. De hecho, la mayoría de los centrales incluidos en este grupo son reconocidas actualmente como activos por el monopolio estatal AZCUBA. 

Grupo 2: centrales con potencial de reactivación a mediano plazo.

En este grupo lo integran 22 centrales agrupados en 18 empresas azucareras que fueron confiscadas en octubre de 1960. Estos centrales cuyas plantas industriales, aunque relativamente conservadas, han tenido una participación limitada en las últimas cinco zafras. Sus condiciones se caracterizan por una infraestructura industrial y de comunicaciones aceptable, pero que requiere de inversiones significativas para alcanzar niveles óptimos de funcionamiento y competitividad.

• Infraestructura industrial y de comunicaciones que, aunque funcional, demanda inversiones considerables para su modernización.
• Posibilidad de retomar operaciones productivas en un horizonte de mediano plazo, estimado en aproximadamente dos años, si se ejecutan las inversiones necesarias para la mejora técnica e industrial.
• Incremento sustancial de los cultivos, aplicando métodos adecuados para garantizar un volumen suficiente de caña de azúcar dos años después del inicio de las labores de recuperación.

Grupo 3: centrales con potencial de reactivación a largo plazo.

Los 9 centrales agrupados en 9 empresas incluidas en el Grupo 3 presentan condiciones que dificultan su reincorporación en el corto o mediano plazo. Su ausencia en las zafras durante un periodo superior a seis años ha impactado negativamente tanto la infraestructura industrial como la disponibilidad de equipos agrícolas. Muchos de estos activos han sido canibalizados o trasladados a otros centrales en funcionamiento, lo que incrementa la necesidad de una inversión considerable para restaurar la operatividad.

A este panorama se suma la dispersión de la fuerza laboral, que ha migrado hacia otras regiones o sectores productivos, dificultando la recuperación del capital humano y la experiencia necesarios para garantizar una reactivación exitosa. Por tanto, la rehabilitación de estas empresas exige una planificación detallada y una inversión significativa destinada a la renovación de plantas, la recuperación de equipos agrícolas y la reconstrucción de las capacidades laborales.

En síntesis, el Grupo 3 se compone de empresas cuya reactivación solo sería viable en el largo plazo, siempre que se implementen estrategias adecuadas y se destinen recursos suficientes para revertir el deterioro acumulado y restablecer las condiciones productivas.

Grupo 4: centrales azucareros cuyas plantas industriales han sido desmanteladas.

Este grupo está compuesto por centrales cuya planta industrial ha sido completamente desmantelada, quedando únicamente la infraestructura física remanente, las vías de comunicación y los terrenos disponibles. En estas condiciones, la posibilidad de reactivar la producción azucarera en el corto y mediano plazo es prácticamente nula, pues los recursos existentes solo permiten el desarrollo de otras actividades agroindustriales.

En este contexto, las alternativas viables para estos centrales se centran en la producción y conservación de productos agrícolas destinados al mercado de consumo, sea este nacional o internacional, aprovechando tanto la infraestructura como la disponibilidad de los terrenos. Por ello, la función principal de este grupo se orienta hacia la diversificación de la producción agroindustrial, utilizando los recursos remanentes de la antigua actividad azucarera para nuevos fines productivos.

Al analizar la composición de las empresas azucareras, se observa que algunas de ellas eran propietarias de varios centrales. Esta situación implica que, dentro de una misma empresa, pueden coexistir centrales con distintas condiciones y potencialidades para su reactivación. Como resultado, existen casos en los que una empresa cuenta con centrales que podrían reanudar sus operaciones en el corto y mediano plazo, tras realizar inversiones enfocadas en la modernización de la infraestructura industrial y agrícola, mientras que otros de sus centrales requieren mayores esfuerzos, planificación y recursos para lograr su rehabilitación a largo plazo. 

Algunas empresas, como es el caso de las del grupo 4 que disponen únicamente de la infraestructura física y los terrenos de centrales cuyas plantas industriales han sido desmanteladas, es muy probable que orienten su actividad hacia la diversificación agroindustrial en lugar de la producción azucarera tradicional.

La adecuada identificación y clasificación de estas empresas resulta esencial para priorizar las inversiones y acciones necesarias, permitiendo una recuperación eficiente del sector agroindustrial azucarero del país.

Introducción

La reconstrucción de Cuba constituye un reto de gran envergadura que requiere una visión estratégica, así como la coordinación de acciones entre diversos actores. El principal propósito de este proceso es revitalizar el país, poniendo especial atención en restaurar infraestructuras estratégicas, robustecer los servicios públicos y aumentar la producción interna de bienes.

El éxito de estas acciones depende de la colaboración activa entre organizaciones financieras internacionales, el gobierno y la sociedad civil. Solo mediante ese trabajo conjunto y la sinergia a alcanzar será posible avanzar hacia una recuperación sostenible, capaz de responder a las necesidades inmediatas y sentar las bases para el futuro.

Objetivos y metas

El proceso de reconstrucción debe organizarse en torno a objetivos y objetos claros, establecidos a corto, medio y largo plazo. Dada la gravedad de la crisis que atraviesa Cuba, es necesario avanzar de forma gradual y ordenada, priorizando los aspectos más urgentes y asegurando una progresión sostenida hacia la recuperación económica y social del país. Considerando la magnitud de las tareas a abordar, este programa concentra sus esfuerzos en las áreas que requieren una atención inmediata, con el objetivo de poner en marcha cuanto antes el proceso de reconstrucción nacional.

Impacto del castrismo en el agro cubano

A lo largo de más de sesenta años, el sistema económico impuesto por el castrismo tuvo consecuencias devastadoras para el sector agropecuario cubano. Las estructuras e instituciones que, con gran esfuerzo, se habían ido desarrollando durante medio siglo, fueron desmanteladas en menos de cinco años mediante la aplicación de medidas coercitivas y centralizadas.

Este proceso de estatización radical generó un colapso en la capacidad productiva del agro cubano. Como resultado, el país perdió la habilidad de proveer los alimentos necesarios para garantizar un nivel adecuado de nutrición a la población, profundizando la crisis social y económica que se vive actualmente.

Importación de alimentos y dependencia nacional

El régimen cubano ha reconocido públicamente la enorme dependencia del país respecto a la importación de alimentos esenciales. De acuerdo con declaraciones oficiales, el gobierno realiza compras de alimentos en el exterior por un valor aproximado de 2.000 millones de dólares cada año. Este monto refleja la magnitud de la crisis productiva interna y la incapacidad del sector agropecuario nacional para cubrir las necesidades alimentarias de la población.

El impacto de esta situación es evidente en el sistema de racionamiento, a través del cual el Estado tiene que importar aproximadamente el 80% del consumo nacional de alimentos. Esto significa que la mayoría de los productos básicos que llegan a la mesa de los cubanos provienen del extranjero, sujetos tanto a la disponibilidad financiera estatal como a las condiciones del mercado internacional. En consecuencia, la vulnerabilidad alimentaria se mantiene elevada y la dependencia externa limita la capacidad del país para garantizar la seguridad nutricional de sus ciudadanos.

Privatización de la propiedad rural

Uno de los ejes centrales de este programa es la privatización de la propiedad rural, una medida que se plantea como respuesta directa al evidente fracaso del Estado en su rol de empresario. La experiencia demuestra que la administración estatal ha sido incapaz de gestionar de manera eficiente los recursos agrarios del país, lo que ha llevado al desaprovechamiento de una porción significativa de las tierras productivas.

Actualmente, muchos terrenos que podrían contribuir al abastecimiento alimentario nacional están mal utilizados o permanecen baldíos. Esta situación refleja la necesidad urgente de cambiar la filosofía de gestión de la tierra, permitiendo que actores privados vuelvan a asumir el control y la responsabilidad de la producción agropecuaria. Se espera que, mediante la privatización, se logre recuperar la capacidad productiva del sector y avanzar hacia una mayor autosuficiencia alimentaria.

Acciones inmediatas para enfrentar la desnutrición

El estado de desnutrición que afecta a gran parte de la población cubana exige una intervención inmediata por parte de la nueva administración que asuma el control del país. Esta problemática, que se ha agravado por años de mala gestión y crisis alimentaria, debe ser abordada como prioridad nacional, estableciendo mecanismos efectivos para garantizar el acceso a los alimentos básicos en el menor tiempo posible.

Limitaciones del sistema estatal de distribución

Actualmente, el Ministerio de Comercio Interior es responsable de la distribución de alimentos a través de una red de “bodegas”, establecimientos organizados para administrar el racionamiento impuesto por el régimen cubano hace más de sesenta años. Sin embargo, este sistema se encuentra profundamente afectado por la corrupción y la falta de eficiencia, lo que limita su capacidad para responder de manera adecuada a las necesidades alimentarias de la población.

Alternativas de distribución en la etapa inicial

Ante las deficiencias del aparato estatal, se recomienda que, en la etapa inicial de recuperación, la distribución de los suministros alimentarios que ingresen al país sea gestionada principalmente por las agencias de la Iglesia Católica y las Iglesias Protestantes. Estas organizaciones, a pesar de operar con recursos limitados debido a las restricciones impuestas por el régimen, ya desempeñan un papel fundamental en la asistencia comunitaria y ofrecen una estructura confiable y eficiente para llegar a los sectores más vulnerables.

Privatización rural y recuperación del sector azucarero

Simultáneamente a la implementación de medidas para la distribución eficiente de alimentos, el Gobierno debe llevar a cabo el proceso de privatización de las propiedades rurales previamente incautadas. En 1958, las empresas azucareras poseían un total de 124.666,7 caballerías, equivalentes a 1.673.052 hectáreas, destinadas principalmente al cultivo de la caña de azúcar. En ese periodo, el promedio nacional del rendimiento industrial de la industria azucarera era de 12,62%, cifra considerablemente superior a la estimación actual, inferior al 7%. Esta comparación pone de manifiesto la alta calidad de las tierras y la efectividad de la gestión administrativa de las áreas agrícola e industrial empleadas en aquella época.

Devolución de propiedades y modernización agrícola

La devolución de las propiedades a las empresas azucareras se presenta como el primer paso en el proceso de desincorporar al gobierno del sector agropecuario. Una vez recuperadas las tierras, corresponde a estas empresas iniciar el cultivo de la caña de azúcar empleando métodos modernos que prioricen su mecanización completa ante la notoria escasez de mano de obra disponible, permitiendo así optimizar los recursos y maximizar la producción.

La modernización del sector azucarero no debe limitarse únicamente a la recuperación y optimización de la producción de caña de azúcar. Es fundamental que las empresas azucareras, al recuperar sus tierras y adoptar nuevas tecnologías, diversifiquen el uso de sus terrenos. Esta diversificación implica destinar una parte significativa de las áreas cultivables a la producción de cultivos esenciales para la alimentación de la población cubana, incluyendo arroz, frijoles, maíz y soya; esta última permite obtener aceite vegetal que, junto al maíz, son elementos básicos en la producción de piensos para el ganado.

Asimismo, tanto las empresas azucareras como los demás empresarios agropecuarios están llamados a asumir un papel protagónico en el abastecimiento del sector turístico. Actualmente, los establecimientos turísticos deben importar la mayor parte de los alimentos que ofrecen a sus clientes, lo que representa una oportunidad para el sector agrícola nacional. Al convertirse en los principales suministradores de productos alimenticios para el turismo, se reduciría la dependencia de importaciones y se fortalecería la economía local, beneficiando tanto a los productores como al país en general.

El rol de los organismos financieros internacionales en la recuperación agrícola

En el proceso de recuperación y modernización del sector agropecuario, la participación de los organismos financieros internacionales adquiere una importancia singular. Instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Grupo del Banco Mundial cuentan con una trayectoria sólida en la promoción y el desarrollo de la agricultura a nivel regional. Su intervención puede ser determinante para superar los desafíos presentes en el sector, permitiendo que los productores accedan a capital, maquinaria, insumos y servicios técnicos necesarios para incrementar la productividad y adoptar prácticas de gestión más eficientes.

La relación con instituciones internacionales, como el BID y el Banco Mundial, implica necesariamente el cumplimiento de normas y procedimientos estrictos en materia de protección ambiental y respeto a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, definidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Actualmente, estos principios fundamentales han sido vulnerados sistemáticamente por el régimen vigente, lo que resalta la importancia de restablecer el pleno apego a estos estándares internacionales como condición para acceder al apoyo financiero y técnico de dichas instituciones.

Restauración de la infraestructura estratégica

La restauración de la infraestructura estratégica se presenta como una prioridad impostergable para reactivar la economía nacional, actualmente paralizada por la grave crisis energética. La falta de energía ha afectado todos los sectores productivos y sociales, por lo que se requieren acciones drásticas e inmediatas para revertir esta situación.

El sistema energético nacional se sostiene sobre dos pilares fundamentales: la electricidad y los combustibles. La eficiencia y continuidad en ambos flujos resultan esenciales para el funcionamiento del país.

Situación actual de la generación eléctrica

La administración de la generación y distribución de energía eléctrica recae en el monopolio estatal Unión Nacional Eléctrica (UNE). Esta entidad gestiona un parque compuesto por diez centrales térmicas, todas ellas con más de cuatro décadas de operación y sometidas a un mantenimiento sumamente deficiente a lo largo de los años.

En la actualidad, la UNE provee menos del 50% de la demanda mínima nacional, lo que evidencia la magnitud del déficit energético. Además, el sistema de transmisión se encuentra en condiciones críticas, requiriendo una reconstrucción integral de gran escala para garantizar la estabilidad del servicio. Dichas centrales dependen de manera directa del suministro de combustible proporcionado por la empresa estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET). De acuerdo con las cifras oficiales divulgadas por el gobierno cubano, la producción de CUPET alcanzaba alrededor de 40.000 barriles diarios en el año 2024. Sin embargo, este volumen resulta claramente insuficiente para satisfacer las demandas energéticas nacionales, lo que evidencia una de las principales limitaciones estructurales del sector.

Desafíos y perspectivas de la rehabilitación energética

Las centrales térmicas afrontan en la actualidad su mayor obstáculo en el severo deterioro de sus equipos esenciales, como calderas, tuberías y bombas. Este desgaste es el resultado de décadas de funcionamiento continuo y de la falta de un mantenimiento adecuado. Frente a este panorama, resulta imprescindible acometer reparaciones urgentes en estos componentes para prolongar la vida útil de unas instalaciones que, por su obsolescencia, requieren intervenciones inmediatas. Únicamente a través de estas acciones podrá asegurarse una estabilidad mínima en el suministro eléctrico, mientras se avanza en una reestructuración de fondo de la industria eléctrica.

Marco legal y apertura a la inversión extranjera en la industria eléctrica

La transformación estructural de la industria eléctrica requiere, como eje fundamental, el diseño y la implementación de un nuevo marco legal que permita la entrada de inversión extranjera en todas las etapas de la generación eléctrica. Este marco es imprescindible para modernizar el sector, atraer capital y tecnología, y diversificar las fuentes de financiamiento que garanticen la sostenibilidad del sistema energético nacional.

En este proceso de cambio, el papel del Estado debe evolucionar desde una función protagónica y monopólica hacia una posición de regulador. Es decir, el Estado debe limitarse a supervisar y normar la participación de las distintas fuerzas productivas, asegurando la transparencia, la competencia leal y la eficiencia en la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Esta transición implica una reducción gradual de la intervención estatal directa, cediendo espacio a nuevos actores económicos que puedan aportar innovación y mejores prácticas.

Un ejemplo relevante de este tipo de transformación es el caso de la República Dominicana. Hace más de sesenta años, al finalizar la Era de Trujillo, la Corporación Dominicana de Electricidad ejercía el control absoluto de la industria eléctrica. Sin embargo, en la actualidad, el sector se ha segmentado tanto geográficamente como en cuanto a la participación de múltiples agentes económicos. Estos actores desempeñan diversas funciones, tanto en la generación como en la distribución de energía, lo que ha permitido una mayor flexibilidad operativa y una adaptación más eficiente a las necesidades del mercado y de la población.

Transformación y modernización del sector petrolero: de la intervención estatal a la apertura y reorganización productiva

A partir de 1960, el Gobierno asumió el control absoluto de la industria petrolera, interviniendo y gestionando las empresas refinadoras y distribuidoras del petróleo importado. Tras más de seis décadas bajo este modelo centralizado, los resultados han sido claros: la economía ha experimentado paralizaciones recurrentes debido a la falta de combustibles, reflejando la ineficacia de la gestión estatal para garantizar el suministro y la continuidad operativa del sector.

Historia de las refinerías en Cuba

En la bahía de La Habana funcionaban dos importantes refinerías: una propiedad de la norteamericana Esso Standard Oil Co. [Exxon] y otra de la angloholandesa Royal Dutch Shell Co. [Shell]. Ambas instalaciones fueron intervenidas por el Estado y, en el caso de Esso Standard, confiscada en agosto de 1960. En Santiago de Cuba, la refinería operada por Texas Oil [Chevron] corrió la misma suerte y fue expropiada. Posteriormente, en Cienfuegos, el gobierno construyó una refinería con diseño soviético, que inicialmente fue operada por PDVSA y actualmente se encuentra bajo gestión estatal cubana. Estos cambios consolidaron la monopolización estatal del sector petrolero, desplazando a los actores internacionales que aportaban tecnología, experiencia y capital.

Propuesta para la reactivación del sector petrolero

De cara al proceso de reconstrucción económica, se plantea la necesidad de invitar a empresas como Exxon, Chevron y Shell a retomar el control y la operación de sus antiguas propiedades en el país. Esto debe ir acompañado de garantías e incentivos que aseguren sus inversiones. Con esta medida, el gobierno aliviaría la carga administrativa y financiera asociada a la gestión directa de un componente estratégico del sistema energético, facilitando la llegada de recursos y conocimientos que hoy resultan imprescindibles.

Modernización del sector petrolero

La exploración y producción de petróleo en Cuba enfrenta limitaciones significativas debido a la falta de recursos financieros y tecnológicos. Este escenario plantea la necesidad de que empresas internacionales, dotadas de mayor capacidad económica y técnica, asuman un papel protagónico en el desarrollo del sector. Al abrir el mercado a estas compañías, se lograría la modernización de la industria, la diversificación de fuentes de financiamiento y tecnología, y se aliviaría al Estado de una carga administrativa que ha restringido su eficacia. En este contexto, el Estado —representado por CUPET— debería transitar de un control monopólico a una función primordialmente reguladora, permitiendo una gestión más eficiente y moderna.

Deterioro y reforma de los servicios públicos

La degradación evidente de los servicios públicos en Cuba, como la salud, el transporte, la educación y el acceso a viviendas seguras frente a desastres naturales, exige una reflexión profunda sobre el funcionamiento del país. Es crucial analizar el “modus operandi” actual y emprender acciones concretas para remediar las deficiencias que amenazan la subsistencia nacional. Solo mediante un examen crítico y la implementación de un nuevo sistema de servicios públicos se podrá revertir la actual situación y asegurar el bienestar general de la población.

Crisis y propuestas en el sistema de salud

El sistema de salud cubano muestra un deterioro sostenido, reflejo de la insuficiente inversión en este sector. Aunque estas carencias ya se manifestaban antes de la pandemia de COVID-19, la crisis sanitaria acentuó la incapacidad del gobierno para satisfacer las necesidades de la población. La reorganización presupuestaria nacional surge como una oportunidad para asignar recursos adicionales y mitigar, aunque sea parcialmente, las deficiencias presentes en el sistema de salud en materia de edificaciones, insumos y tecnología.

Asimismo, la liberalización del ejercicio profesional se perfila como una alternativa eficaz para que un sector importante de la ciudadanía atienda sus propias necesidades, aliviando la presión sobre los servicios públicos de salud. Este enfoque permitiría optimizar el uso de los recursos disponibles y elevar la calidad de la atención médica brindada.

A corto plazo, resulta esencial que el gobierno cubano busque el apoyo de la diáspora y de organizaciones internacionales para mitigar la escasez de medicamentos y equipos médicos. Esta cooperación no solo aliviaría la falta de insumos esenciales, sino que fortalecería la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante las necesidades urgentes de la población.

Fragilidad y reconstrucción del transporte nacional

La infraestructura vial, el sistema ferroviario y las instalaciones portuarias de Cuba se encuentran en condiciones que obstaculizan la reactivación económica del país. Frente a esta realidad, es prioritario que el gobierno dirija sus esfuerzos y recursos a la reconstrucción de estos pilares del transporte nacional. Se propone que el Estado abandone la prestación directa de servicios, delegando esa función al sector privado y asumiendo únicamente una labor reguladora para garantizar la eficiencia y el beneficio de los consumidores.

Durante la época republicana, antes de 1959, tanto el transporte motorizado urbano como el suburbano o interprovincial era manejado por el sector privado. El transporte de pasajeros en la ciudad de La Habana estaba a cargo de la Cooperativa de Ómnibus Aliados [COA] y de la empresa Ómnibus Modernos S.A., que operó con anterioridad el sistema de tranvías eléctricos de la ciudad hasta 1950. Ómnibus Modernos operaba a pérdida y fue intervenida por el Gobierno para mantener este servicio público. Por el contrario, la COA, que era una asociación de dueños de ómnibus, era de más envergadura y funcionaba sin apoyo gubernamental. En 1959 ambas empresas tenían en servicio activo 2.017 unidades, de las cuales 1.400 prestaban servicio en La Habana y sus alrededores. En 1959 existían en Cuba 303 empresas de ómnibus privadas de servicio público urbano e interurbano, municipal y provincial. En la Terminal de Ómnibus de La Habana estaban inscritas doce empresas para el transporte interprovincial.

La reconstrucción y modernización del sistema de transporte en Cuba, especialmente en lo que respecta a su infraestructura ferroviaria, constituye una tarea de gran envergadura que requiere recursos y apoyo especializado. Para lograr avances significativos en este sector, resulta indispensable contar con el respaldo de organismos financieros internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Sin embargo, este apoyo solo será posible una vez que Cuba solicite formalmente su readmisión a estas entidades.

La decisión tomada por el gobierno cubano en 1960 de retirarse de los programas de asistencia financiera del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ha tenido consecuencias profundas para el desarrollo nacional. Esta determinación privó a Cuba de más de seis décadas de acceso al apoyo multilateral, un beneficio del que han gozado todos los países del hemisferio occidental. Por lo tanto, retomar relaciones con estas instituciones representa un paso fundamental para superar el rezago acumulado y avanzar hacia una infraestructura de transporte más eficiente y moderna.

El turismo como pilar económico

Desde hace más de treinta años, el gobierno cubano ha apostado por el turismo como principal alternativa para suplir la asistencia económica que el campo socialista proporcionaba a la isla tras el inicio del proceso revolucionario. Ante la necesidad de encontrar una fuente de ingresos estable, los Castro decidieron subsidiar el desarrollo de la industria turística, lo que originó un marcado desvío de recursos financieros hacia este sector. Como consecuencia, el presupuesto nacional empezó a priorizar la inversión turística en detrimento de otras áreas clave de la economía, tales como la agricultura, la industria, la salud pública y la infraestructura de servicios públicos.

Gestión y control de la industria turística

Al inicio, la administración de estas inversiones estuvo a cargo del Ministerio de Turismo (MINTUR), entidad responsable de la gestión y el desarrollo del sector. Sin embargo, con la llegada de Raúl Castro al poder máximo, la estructura de control sufrió una transformación significativa. El Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) pasó a ser el administrador de facto de la industria turística cubana. Esta empresa opera bajo el control del Ministerio de las Fuerzas Armadas (MINFAR) y se encuentra exenta de la fiscalización a la que están sometidos otros organismos gubernamentales, salvo las propias Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior. Por este motivo, la información relacionada con las inversiones en la construcción y el mantenimiento de la red hotelera permanece desconocida incluso para la mayoría de los funcionarios gubernamentales, fuera del ámbito directamente controlado por las Fuerzas Armadas.

La necesidad de reorientar la gestión turística

El impacto del desarrollo turístico sobre la economía cubana ha sido profundo y, en muchos aspectos, controvertido. Ante este escenario, resulta imperativo que el Ministerio de Turismo retome la gestión y operación del sector, transformando su rol de gestor a regulador y alineándose con los planes de desarrollo económico y social del país. Este cambio permitiría una mayor transparencia en la administración de recursos y contribuiría a equilibrar las prioridades nacionales, favoreciendo el desarrollo integral de Cuba.

Programa de acción a corto plazo

Sector Agropecuario

• Iniciar el proceso legal para la devolución de las propiedades incautadas.
• Negociar con los propietarios los posibles planes de producción y el apoyo requerido, tanto financiero como técnico, para alcanzar las metas.
• Recrear el BANFAIC como organización paraestatal y, por consiguiente, independiente del Poder Ejecutivo en su operación, para proveer asistencia financiera y técnica a los productores agropecuarios.
• Fortalecer los programas de extensión agropecuaria a nivel municipal como vehículos para la transferencia de tecnología a los productores.
• Promover la creación de mercados mayoristas regionales independientes que capten la producción agropecuaria y la redistribuyan a los mercados de venta al detalle [bodegas, mercados, etc.] para sustituir el ineficiente y corrupto sistema de acopio administrado por el Ministerio de Agricultura.

Restauración de la infraestructura estratégica

• Iniciar el proceso legal para la devolución de las propiedades incautadas a empresas extranjeras o nacionales a principios de la gestión del gobierno actual.
• Iniciar las negociaciones con esas empresas o sus sucesores para determinar el grado de reincorporación de esas empresas en el esfuerzo productivo.
• Iniciar los contactos para la readmisión de Cuba a la membresía del Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Además, solicitar la admisión como miembro pleno del Banco Interamericano de Desarrollo.

Por: Francisco Díaz Pou

El 1º de febrero de 2026, el presidente Donald Trump anunció que se estaban llevando a cabo conversaciones con las altas esferas del gobierno cubano. En su mensaje, señaló además que se esperaba alcanzar un acuerdo con Cuba en un futuro cercano.

La declaración de Trump vino a confirmar el rumor que circulaba sobre encuentros recientes en la ciudad de México auspiciados por el gobierno mexicano. Según esta historia, funcionarios estadounidenses mantuvieron reuniones con Alejandro Castro Espín, general de brigada del Ministerio del Interior de Cuba e hijo de Raúl Castro.

Durante el segundo mandato presidencial de Barack Obama, se desarrollaron negociaciones entre los Estados Unidos y Cuba. En estas conversaciones, la representación cubana estuvo a cargo de Alejandro Castro Espín y culminaron en la reanudación de los vínculos diplomáticos entre ambos países y el viaje del presidente estadounidense a La Habana.

Sin embargo, tras la partida de Obama de Cuba, la prensa oficial cubana difundió una carta escrita por Fidel Castro desde su retiro. En dicha misiva, Fidel Castro expresó su desaprobación respecto al acercamiento político promovido por Estados Unidos.

Después del restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, varios miembros de la delegación diplomática estadounidense en la isla sufrieron los denominados “ataques sónicos”, lo que generó una profunda crisis en los vínculos recién restablecidos entre ambos países. Como resultado directo de la crisis el entonces coronel Alejandro Castro Espín, quien ocupaba el cargo de jefe de la comisión interministerial responsable de regular las actividades de contrainteligencia dentro de los órganos militares, fue destituido de su puesto. Este cambio fue interpretado por diversos analistas como una consecuencia de las tensiones derivadas del incidente diplomático.

Según estos análisis, la destitución de Castro Espín no solo fue una respuesta interna a la crisis, sino que también reflejaba presiones externas. Se consideró que los ataques contra los diplomáticos estadounidenses constituían una represalia de Rusia dirigida a Castro Espín, debido a que su gestión durante las negociaciones había impulsado el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Esta política de acercamiento habría puesto en entredicho los intereses estratégicos rusos en la isla, ocasionando así una reacción que impactó directamente su posición dentro de la estructura de poder cubana.

La posible reincorporación de Alejandro Castro Espín como figura principal en el nuevo ciclo de conversaciones entre Estados Unidos y Cuba podría ser interpretada como un indicio claro de que la isla ha reducido notablemente su función como herramienta de presión de Rusia en el contexto de la confrontación de Moscú con Washington. Esta situación permite inferir que la facción prorrusa dentro de las Fuerzas Armadas cubanas ha perdido peso de manera significativa, lo cual apunta hacia una transformación en las dinámicas de poder internas y en la orientación estratégica del país.

Cabe destacar que los resultados alcanzados por Castro Espín durante las negociaciones dirigidas bajo la presidencia de Barack Obama fueron favorables para el régimen cubano. En ese entonces, los Estados Unidos concedieron una serie de beneficios sin que el gobierno de la isla realizara las reformas sistémicas que la Ley Helms-Burton establecía como condición previa para la plena normalización de relaciones bilaterales.

Es probable que, ante la crisis que atraviesa el país, la intención del régimen sea emplear nuevamente a Castro Espín con el objetivo de replicar los logros obtenidos en la negociación anterior, o al menos asegurar el abastecimiento de petróleo a corto plazo y ganar tiempo hasta que se produzca un cambio en el panorama político de los Estados Unidos.

Por: Carlos R. Molina Rodríguez

Este año se cumple un aniversario de singular trascendencia para la historiografía y la identidad religiosa cubana: cuatro décadas de la publicación de Panorama del protestantismo en Cuba, obra del doctor Marcos Antonio Ramos. Publicado por primera vez en 1986, este libro de 668 páginas, prologado por el eminente historiador metodista Justo L. González, no solo vino a ocupar un espacio decisivo en el conocimiento de la trayectoria evangélica en la Isla, sino que se erigió desde entonces como el texto de referencia para generaciones de creyentes, académicos e interesados en comprender la profunda y compleja huella del protestantismo en la nación cubana. En ocasión de tan significativa efeméride, este artículo busca explorar los orígenes, el contenido y el legado de esta magna obra, a la vez que rendir tributo a su autor —mi mentor y amigo—, quien con rigor y pasión ha dedicado su vida a preservar y analizar esta memoria.

Marcos Antonio Ramos nació en Colón, provincia de Matanzas, en 1944. Su vida y obra están marcadas por una doble condición: la de cubano exiliado, partiendo de la Isla en 1962 junto a su familia, y la de historiador meticuloso que desde la distancia geográfica, pero nunca espiritual, se consagró a documentar y entender la trayectoria de la fe que vio nacer en su tierra. Su formación teológica e histórica se desarrolló en los Estados Unidos, donde forjó una sólida carrera académica como profesor y autor. Ordenado pastor bautista, su ministerio ha estado inseparablemente unido a la investigación, dotándolo de una sensibilidad única para comprender la vida interna de las congregaciones. Es su profunda conexión con el pueblo protestante cubano, su empatía y su compromiso intelectual lo que imprime a su trabajo un carácter único y autorizado. Su trayectoria lo ha consolidado como el historiador mayor del protestantismo en Cuba, un título que refleja el respeto unánime hacia su obra fundamental.

Antes de la aparición del Panorama…, los estudios sobre el tema eran escasos y fragmentarios. Existían contribuciones valiosas pero limitadas, como la síntesis histórica de Guillermo Cabrera Leiva (Breve reseña histórica del protestantismo en Cuba, 1953) o la perspectiva externa ofrecida en el trabajo en alemán de Theo Tschuy (Hundert Jahre Kubanischer Protestantismus, 1868-1961: Versuch einer kirchengeschichtlichen Deutung, 1978). Un precedente fundamental desde Cuba lo constituyó el ensayo “Los misioneros patriotas” del historiador presbiterano Rafael Cepeda, publicado en 1976. En este trabajo, Cepeda realizó una significativa reivindicación historiográfica al destacar el papel precursor y el carácter patriótico de los primeros misioneros protestantes cubanos, demostrando que la siembra del evangelio en el país no fue un privilegio exclusivo de las misiones estadounidenses, sino también una empresa nacional con profundas raíces en el proyecto independentista del siglo xix. Estos esfuerzos pioneros, sin embargo, no alcanzaban a ofrecer una visión integral, documentada y escrita desde una comprensión interna del fenómeno. Fue precisamente este vacío el que la obra de Ramos vino a colmar de modo definitivo. El libro surgió como la culminación y ampliación de su trabajo doctoral, convertido en un texto accesible para un público amplio. Su monumental estructura, organizada en catorce capítulos, despliega un relato exhaustivo que comienza con “Una colonización católica y un protestantismo extranjero” y recorre hitos esenciales como “Los inicios del protestantismo cubano (segunda mitad del siglo xix)”, “Protestantes en la independencia de Cuba”, “La hora de las juntas misioneras (1898-1902), “Generales y doctores; fluctuaciones económicas: los evangélicos avanzan y decaen (1909-1933)” y “Una nueva generación en Cuba (1933-1959)”, para concluir con un análisis de “Los evangélicos en la hora de la revolución”. La obra se enriquece con siete apéndices que documentan y analizan el período de 1959 a 1985, así como una bibliografía selecta que recoge lo mejor de la literatura existente sobre Cuba y el protestantismo cubano hasta ese momento. Un rasgo distintivo de la obra es su tono respetuoso y ecuánime hacia todas las denominaciones y sus líderes, sin distinción de su ubicación geográfica o postura ideológica, tratando a todos como parte constitutiva de una misma historia.

La presentación visual del libro es también significativa. La cubierta es un montaje fotográfico que integra una bandera cubana, una antigua biblia, imágenes de la construcción de un templo evangélico y un retrato del doctor Moisés Nathanael McCall, conocido como el Apóstol Bautista en la Perla Antillana. La contracubierta, por su parte, muestra una fotografía histórica de pastores y líderes evangélicos cubanos recibiendo al congresista estadounidense Adam Clayton Powell en el aeropuerto de La Habana poco después de la huida de Fulgencio Batista en 1959. El interior se complementa con varias secciones fotográficas distribuidas entre sus partes. El volumen está dedicado, en un emotivo gesto personal, a la memoria de su padre, sus abuelos y sus tíos paternos; a su madre, su esposa y su hija; y en acción de gracias a sus tíos maternos Concha Mesa y Marcos Díaz, por todo lo que hicieron por su madre y por él. Asimismo, se consagra “en homenaje a los fundadores del protestantismo cubano, patriotas y revolucionarios independentistas del siglo xix, amigos y colaboradores de José Martí y Antonio Maceo, en el centenario de la ordenación del doctor Alberto J. Díaz, ocurrida en 1885, y el inicio formal de la obra bautista en Cuba en 1886”.

La trayectoria editorial del Panorama… confirma su demanda y relevancia continua. Tras su aparición inicial en Miami en 1986, el libro fue reimpreso en 2010 en esa misma ciudad por Ediciones Universal, desaparecida casa editora que dio a la luz gran parte de la obra de clásicos cubanos y de autores exiliados. La reimpresión para el público cubano se realizó en la Imprenta Bíblica de Cuba Los Pinos Nuevos en 2016. Su influencia trascendió además el ámbito hispano con la salida, en 1989, de una versión resumida en inglés titulada Protestantism and Revolution in Cuba, publicada por el Research Institute for Cuban Studies de la Universidad de Miami. Esta edición de 168 páginas, con un prólogo del doctor Antonio Jorge, facilitó la difusión internacional de sus tesis centrales. La persistencia de estas reimpresiones y su adaptación a otro idioma, sin que haya surgido una obra que la supere en alcance histórico, es el mayor testimonio de su carácter fundacional y de la solidez perdurable de su investigación.

Estructurado con un claro sentido cronológico, el libro guía al lector desde los primeros y difíciles atisbos de presencia protestante en la Cuba colonial, marcada por la intolerancia del régimen español, pasando por el crucial siglo xix donde se gesta la llegada de los primeros misioneros y se forja una incipiente identidad en el marco de las luchas independentistas. Ramos dedica una parte sustancial a analizar el período republicano (1902-1958), detallando la expansión denominacional, la creación de instituciones educativas y de servicio, y la gradual inserción del protestantismo en la vida social de la nación. El tratamiento de la etapa posterior a 1959 representa una de sus contribuciones más valiosas y equilibradas, donde con oficio de historiador y sin caer en apologías o panfletos, aborda los profundos cambios, tensiones y redefiniciones que vivieron las iglesias en el nuevo contexto revolucionario. El mérito de la obra radica en haber integrado de manera coherente la macrohistoria de Cuba con las microhistorias de congregaciones, líderes y creyentes anónimos, ofreciendo un retrato completo y matizado.

El impacto del Panorama… ha trascendido el ámbito puramente académico para convertirse en un pilar de la conciencia identitaria del protestantismo cubano. Dentro de la Isla, a pesar de las limitaciones, el libro circuló y se convirtió en un texto formador para pastores y seminaristas, proveyendo por primera vez un relato orgánico que enraizaba su fe en la historia patria, demostrando que no eran ajenos sino partícipes de ella. Para la diáspora cubana, funcionó como un puente de memoria, ayudando a comprender y contextualizar su propia experiencia religiosa y el trauma del desarraigo. En el ámbito internacional, se consolidó como la fuente primaria obligatoria para cualquier estudio serio sobre religión en Cuba, citado por sociólogos, historiadores y politólogos, abriendo así un campo de estudio que otros han continuado después de él. La obra de Ramos permitió que el protestantismo cubano se mirara a sí mismo con mayor profundidad y orgullo, recuperando una narrativa que estaba dispersa u olvidada.

A cuarenta años de su primera aparición, Panorama del protestantismo en Cuba permanece como una obra viva, un clásico cuya vigencia se renueva con cada lectura. Es el legado perdurable de un hombre que, desde el exilio, dedicó su talento y rigor a tejer el tapiz de la memoria de su pueblo de fe. Este aniversario es una oportunidad para celebrar no solo un libro excepcional, sino la trayectoria intelectual y humana del doctor Marcos Antonio Ramos, cuyo ministerio de la historia ha fortalecido, informado y dado identidad a incontables personas en Cuba y en el mundo. Su labor, sostenida y amorosa, asegura que esta parte vital de la historia nacional nunca vuelva a ser ignorada.

Diálogo con el historiador: la voz detrás del Panorama…

Para profundizar en este legado y conocer de primera mano las reflexiones del autor en este aniversario, ofrecemos a continuación un diálogo donde su voz complementa y enriquece la perspectiva del análisis. A través de estas preguntas, buscamos desentrañar los procesos, las intuiciones y las convicciones que dieron forma a la obra.

1. ¿Podría compartir, doctor Ramos, cómo surgió el proyecto del Panorama…? ¿Fue una inquietud que nació de sus estudios, de una necesidad pastoral o de otro impulso más íntimo?

2. Investigar y escribir este libro desde el exilio presentó sin duda desafíos particulares para acceder a fuentes. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades que enfrentó y cómo las sorteó?

3. En toda investigación hay hallazgos que conmueven. ¿Hubo alguna anécdota, documento o personaje descubierto durante su trabajo que lo haya impactado especialmente?

4. Los apéndices dedicados al período posterior a 1959 son frecuentemente elogiados por su tono equilibrado. Como historiador y como cubano, ¿cómo logró encontrar ese balance narrativo?

5. Tras su minucioso estudio, ¿hay alguna figura histórica del protestantismo cubano que considere no ha recibido el reconocimiento que merece dentro de la narrativa nacional más amplia?

6. ¿Cómo recuerda la recepción inicial del libro en distintos ámbitos? ¿Hubo alguna reacción, dentro o fuera de Cuba, que lo haya sorprendido gratamente o le haya hecho reflexionar?

7. A lo largo de estas cuatro décadas, muchos le han expresado el impacto del libro en sus vidas. ¿Hay algún testimonio de un lector que lo haya tocado de manera especial?

8. Desde 1986 han aparecido nuevos estudios. ¿Qué aspecto de la historia protestante cubana cree que necesita hoy una investigación más profunda o una mirada renovada?

9. Como maestro de muchos, ¿qué consejo le daría a un joven historiador o teólogo cubano que desee contribuir al estudio de la historia eclesial de nuestro país?

10. Por último, al contemplar su obra desde la distancia de estos cuarenta años, ¿hay algo que miraría con ojos diferentes hoy? ¿Algún énfasis que cambiaría o algún tema que siente quedó pendiente?

Este diálogo no solo cierra un círculo de homenaje, sino que abre nuevas puertas de reflexión. Sus respuestas, cargadas de memoria y lucidez, confirman que el Panorama… fue más que un proyecto académico; fue un acto de fidelidad. Fidelidad a la verdad histórica, a un pueblo de fe y a una isla que, aunque partida por la emigración, encuentra en obras como esta los hilos indestructibles de su memoria compartida. La última palabra, por tanto, no la tiene el análisis sino el testimonio, no el comentarista sino el testigo y arquitecto de esta historia. Su voz, recogida aquí, es el colofón perfecto para una obra que, a sus cuarenta años, sigue siendo la brújula que nos orienta hacia una comprensión más plena de nuestro pasado, para caminar con mayor claridad hacia el futuro que, como pueblo de fe, estamos llamados a construir.

Por: Francisco Díaz Pou

Durante más de sesenta años, el gobierno cubano bajo el régimen de Castro ha utilizado de forma constante el término «bloqueo» como argumento central para explicar las crisis económicas y sociales que afectan al país. Este discurso se ha mantenido invariable, dirigido tanto a la población cubana como a la comunidad internacional. El gobierno ha presentado repetidamente el llamado «bloqueo» como la principal fuente de las dificultades del país. Como resultado, se ha convertido en la explicación dominante que se ofrece para justificar las dificultades y retrocesos internos. 

 La visita de Fidel Castro a Washington en 1959

Pocos meses después de la toma del poder el 1 de enero de 1959, Fidel Castro encabezó una delegación de altos funcionarios del régimen en una visita oficial a Washington. Entre los asistentes se encontraban miembros destacados del equipo económico cubano, como el ministro de Hacienda Rufo López Fresquet, ex economista de la Asociación de Industriales de Cuba; Felipe Pazos Roque, presidente del Banco Nacional de Cuba (actualmente Banco Central) y fundador de la institución en 1948; y Justo Carrillo, presidente del Banco de Desarrollo Agrícola e Industrial [BANFAIC] y su fundador en 1950. Tanto Felipe Pazos como Justo Carrillo -quienes habían renunciado a sus cargos tras el golpe de Estado de 1952- fueron reintegrados a sus funciones ejecutivas por el propio Castro en 1959.

Carrera e influencia de Felipe Pazos en la economía cubana

Felipe Pazos fue un economista distinguido cuya trayectoria académica comenzó en la Universidad de La Habana, donde obtuvo títulos en Derecho Civil así como en Ciencias Políticas y Sociales. Amplió su experiencia especializándose en Economía en la Universidad de Columbia y en la New School for Social Research de Nueva York. La reputación académica de Pazos le llevó a integrar la delegación cubana en la Conferencia Financiera y Monetaria de las Naciones Unidas, más conocida como la Conferencia de Bretton Woods de 1944. Esta histórica reunión, a la que asistieron representantes de 44 naciones aliadas, sentó las bases del orden económico y financiero de la posguerra.

Con la fundación del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 1946, Pazos fue nombrado jefe de la División de América Latina del Departamento de Investigación del FMI. Su etapa en el FMI demostró su compromiso con la cooperación económica internacional. En 1948, Pazos regresó a La Habana, donde fundó y asumió la presidencia del Banco Nacional de Cuba, la máxima autoridad monetaria del país. A través de estos roles, Felipe Pazos desempeñó un papel crucial en la configuración de las políticas e instituciones económicas de Cuba durante un periodo de transición significativa. Su presencia en la delegación que visitó Washington simbolizaba un puente técnico de Cuba con las instituciones financieras globales.

Expectativas y desarrollo de la visita a Washington

La visita de Fidel Castro y su equipo económico a Washington en 1959 fue recibida con considerable expectación tanto en Cuba como en Estados Unidos. Dada la larga relación histórica entre ambas naciones, se anticipaba un fortalecimiento de los lazos de cooperación. 

Contrariamente a estas esperanzas, Fidel Castro dió instrucciones a la delegación de no solicitar  asistencia financiera al gobierno estadounidense. Esta directiva se emitió a pesar de la disposición de Estados Unidos a apoyar los planes económicos presentados por los funcionarios cubanos. La postura firme de Castro desconcertó tanto a los anfitriones estadounidenses como a los técnicos cubanos de la delegación, quienes anticipaban un enfoque diferente en las conversaciones.

El cambio estratégico de Castro tras la Conferencia de Buenos Aires

Al regresar a Cuba, las verdaderas intenciones estratégicas de Fidel Castro se hicieron evidentes. Poco después, viajó a Buenos Aires para participar en una Conferencia Interamericana, donde desafío a Estados Unidos a entregar 30.000 millones de dólares a los gobiernos latinoamericanos para el desarrollo económico y social, insistiendo en que esos fondos se entregaran sin ninguna condición.

Estados Unidos rechazó la propuesta de Castro. En respuesta, Castro radicalizó su retórica antiimperialista. Esta maniobra priorizó la construcción de una imagen de “líder antihegemónico” por encima de los intereses prácticos de la nación, marcando el inicio de una ruptura deliberada.

El incidente de La Coubre y la construcción del enemigo externo

Desde el principio, el régimen hizo del establecimiento de las Fuerzas Armadas una prioridad máxima, con el objetivo de construir una capacidad militar que superara con creces las necesidades reales del país. Esta estrategia no solo sirvió para reforzar la defensa nacional, sino también para fortalecer el control político promoviendo la militarización de la sociedad cubana y manteniendo un estado perpetuo de preparación para la guerra. El enfoque del régimen se moldeó en el contexto del embargo estadounidense sobre material bélico, impuesto durante el gobierno de Batista y que dejó a Cuba necesitada de fuentes alternativas para suministros militares.

En su búsqueda de armas, el gobierno cubano inicialmente se dirigió a países de Europa Occidental y del Este. Los primeros intentos de obtener armas de Polonia resultaron infructuosos, ya que la Unión Soviética aconsejó a las autoridades polacas no avanzar con la venta de armas para evitar el aumento de tensiones con Estados Unidos¹. Sin desanimarse, el régimen encontró más socios cooperativos en Francia y Bélgica, ambos acordaron suministrar a Cuba el armamento necesario.

La culminación de estos esfuerzos tuvo lugar el 4 de marzo de 1959, cuando el buque La Coubre llegó al puerto de La Habana transportando armas y munición franco-belga. Desafortunadamente, se cometió un error crítico al atracar el buque en el muelle de Tallapiedra, que estaba cerca de la central eléctrica de la ciudad y a pocos pasos de la avenida principal del puerto. Durante el proceso de descarga, un manejo inadecuado de la munición provocó una serie de explosiones, que resultaron en la pérdida de más de cien vidas.

 La reacción de Fidel Castro y su encuentro con el enviado soviético

Al día siguiente de las trágicas explosiones en el puerto de La Habana, Fidel Castro aprovechó el funeral de las víctimas para acusar públicamente a Estados Unidos de sabotear la descarga de armamento y munición desde el barco La Coubre. Castro sugirió que el incidente pretendía evocar la infame explosión del acorazado Maine en la bahía de La Habana en 1898, que precipitó la Guerra Hispano-Americana. Al invocar este evento histórico, Castro recurrió a interpretaciones nacionalistas y antiestadounidenses, que sostenían que la explosión del Maine fue causada por una mina acoplada a su casco, una teoría utilizada para justificar la intervención estadounidense en Cuba. Sin embargo, investigaciones posteriores del almirante Rickover, arquitecto de la flota de submarinos atómicos de la Marina de los EE. UU., concluyeron que la explosión fue causada por la autocombustión de los depósitos de carbón del buque².  

Apenas unas horas después del discurso de Castro, tuvo lugar una reunión confidencial en la residencia de Antonio Núñez Jiménez, director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Asistieron Aleksandr Alekseev—que había llegado a La Habana como periodista pero que en realidad era un alto funcionario del KGB especializado en asuntos latinoamericanos—y solo los hermanos Castro y Núñez Jiménez. Alekseev era el funcionario soviético de más alto rango en Cuba en ese momento, ya que las relaciones diplomáticas entre Cuba y la URSS se habían roto durante el gobierno de Batista.

En la reunión, Fidel Castro habló con franqueza, diciendo a Alekseev: «En las circunstancias actuales, cualquier gesto amistoso del gobierno soviético hacia Cuba sería recibido con gratitud por nuestro pueblo.» Castro afirmó su convicción de que Estados Unidos había orquestado la explosión de La Coubre, reconociendo que, aunque carecía de pruebas legales o irrefutables, estaba convencido de que Estados Unidos, que había estado presionando a sus aliados para que no suministraran armas a Cuba, había saboteado el barco como advertencia.

Según el informe de Alekseev a Moscú fechado el 8 de marzo de 1960³, Castro estaba psicológicamente preparado para enfrentarse al «Coloso del Norte». Explicó una serie de contramedidas que estaba dispuesto a implementar, incluyendo la nacionalización de todas las propiedades estadounidenses—especialmente las compañías azucareras—, cortar el suministro de agua potable a la base militar estadounidense en Guantánamo, movilizar a la milicia popular y al ejército revolucionario para defenderse de una posible intervención estadounidense, y desplegar sus servicios de seguridad para suprimir cualquier actividad contrarrevolucionaria dentro de Cuba.

Durante un almuerzo de seis horas con Alekseev, Fidel Castro preguntó si Cuba podía depender de la Unión Soviética para suministros y armamento en caso de un bloqueo o intervención estadounidense. Castro señaló además que Cuba poseía muchas bahías deshabitadas adecuadas para barcos y submarinos soviéticos. Además, admitió que La Habana carecía de economistas con experiencia en la construcción de una economía socialista y esperaba que la URSS enviara expertos para ayudar. En su informe a Moscú, Alekseev destacó la declaración más significativa de Castro: ahora consideraba a la Unión Soviética como un modelo para el futuro de Cuba.

La implementación del plan castrista

En marzo de 1960, Fidel Castro expuso su estrategia ante el enviado soviético y comenzó a implementarla en los meses siguientes. El 6 de julio, el Consejo de ministros emitió la Ley-Decreto 851 que autorizó la nacionalización de bienes a ciudadanos y empresas estadounidenses.  El 16 de agosto de 1960, la Resolución nº 1 expropió los 36 centrales azucareros estadounidenses que habían producido 2.118.432 toneladas de azúcar el año anterior, el 36,65% de la producción azucarera del país⁴. 

Además, en noviembre de 1959, el Banco Nacional de Cuba bajo la presidencia de Ernesto Guevara había suspendido las transferencias de dólares de las empresas refinadoras para cubrir sus compras de crudo en Venezuela y otros países. La solución del gobierno fue ordenarle procesar el petróleo soviético que ellos suministrarían. Las empresas rechazaron la propuesta y sus operaciones fueron asumidas por el gobierno, pero el 16 de agosto, mediante la Resolución nº 1, las empresas estadounidenses Esso Standard Oil Co., The Texas Co., West Indies Ltd. y Sinclair Cuba Oil Co. fueron nacionalizadas⁵.  Lo mismo ocurrió con la Compañía Cubana de Electricidad,una filial de la estadounidense American & Foreign Power Co. y la Compañía Telefónica Cubana, una filial de la International Telegraph & Telephone Co⁶.

Un mes después, el 17 de septiembre, el Gobierno nacionalizó las sucursales del National City Bank de Nueva York, el Chase Manhattan Bank y el First National Bank de Boston⁷.  

Las expropiaciones continuaron y el 13 de octubre de 1960, el gobierno promulgó la Ley nº 890, por la cual se confiscaron todas las empresas azucareras, empresas industriales y entidades bancarias del país. Tanto las nacionalizaciones de empresas estadounidenses como las expropiaciones de ciudadanos cubanos nunca han sido compensadas, por lo que puede considerarse que el régimen de Castro ha robado esas propiedades a sus legítimos propietarios. 

El aislamiento de Cuba de las organizaciones financieras internacionales

El 23 de octubre de 1959, Felipe Pazos dimitió, observando el giro antidemocrático que tomaba el régimen de Castro. Se exilió y retomó su carrera profesional. En 1961 se incorporó a la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), que desde su fundación en 1950 había estado dirigida por su colega Raúl Prebisch, creador de la Escuela Estructuralista y Desarrollista del pensamiento económico latinoamericano. Posteriormente fue economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo y finalmente formó parte del consejo de administración del Banco Central de Venezuela.

En noviembre de 1959, Ernesto Che Guevara fue nombrado por Fidel Castro presidente del Banco Nacional de Cuba. Guevara obtuvo su título de médico en su Argentina natal y de inmediato comenzó un recorrido por América Latina hasta terminar en Guatemala, donde permaneció seis meses hasta el derrocamiento de Jacobo Arbenz. Desde allí escapó a México, donde conoció a Fidel Castro. 

Es increíble que este joven aventurero argentino, que nunca había tenido un empleo estable, sin formación académica en materia económica y que llegó a Cuba como parte de un grupo armado, ocupara la dirección del órgano rector de la política monetaria del país, dos años después. Guevara aceleró el proceso de desmembramiento de Cuba del sistema económico que surgió de la Conferencia de Bretton Woods. El nombramiento de Guevara demostró la infinita ignorancia de los hermanos Castro sobre los problemas económicos y de gobernanza prevalentes en el mundo moderno.

El Banco Interamericano de Desarrollo [BID] fue fundado el 30 de diciembre de 1959 como una alianza entre Estados Unidos y 19 países de América Latina y el Caribe. Se ha consolidado como la primera institución de desarrollo regional del mundo siguiendo el ejemplo del Grupo Banco Mundial. Actualmente, 26 países de América Latina y el Caribe pertenecen al BID como prestatarios y 22 que incluyen Estados Unidos, Canadá, 16 países europeos, Israel, Japón, Corea del Sur y China. Estados Unidos tiene el 30% del poder de voto, debido a sus aportaciones de capital a la entidad, y los países prestatarios poseen algo más del 50%, el porcentaje restante se distribuye entre países extra-regionales no prestatarios. Algunas de las principales áreas de acción del BID son: Agricultura y Seguridad Alimentaria, Agua y Saneamiento, Cambio Climático, Educación, Energía, Transporte, Pequeñas y Medianas Empresas [PYMES]. Desafortunadamente, Cuba rechazó su participación en la creación del BID y, 66 años después de su fundación, es el único país del hemisferio occidental que no forma parte de él por decisión de los hermanos Castro. 

El 14 de octubre de 1960 se emitió el Decreto nº 2876, que formalizaba la retirada de Cuba como miembro del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo [Grupo Banco Mundial] y del Fondo Monetario Internacional [FMI]. 

La Unión Soviética y China se negaron a participar en estas organizaciones en el momento de su creación y obligaron a los países en su órbita a retirarse de ellas. Los hermanos Castro siguieron con entusiasmo la línea estalinista autárquica y retiraron Cuba. Nuestro país es el único en el continente americano que no participa en los programas de desarrollo económico y social del Banco Mundial ni en los programas de estabilización monetaria emanados del FMI. De hecho, el aislamiento de Cuba es asombroso, y esta situación fue creada por los hermanos Castro en su afán de seguir fielmente la línea política soviética.

Historial crediticio del régimen de Castro

Según la CEPAL, «La actividad económica en Cuba durante 1957 alcanzó los niveles más altos del periodo de posguerra.» «Si se tienen en cuenta los aumentos de precios, el crecimiento del producto bruto en términos reales puede estimarse en algo más del 8 por ciento.»⁸ Este crecimiento requirió un aumento en las importaciones de bienes (equipos y maquinaria) y servicios, lo que generó un déficit en la balanza comercial de 52,9 millones de dólares. Esta deuda fue parcialmente cubierta por la asistencia financiera concedida por el FMI al Gobierno cubano para mantener la estabilidad monetaria en el país.

José Luis Rodríguez, ex ministro de Economía de Cuba y profesor en la Universidad de La Habana, en un artículo publicado en la prensa oficial cubana, afirmó: «es esencial reanudar la alternativa de una renegociación más flexible de la deuda, que a finales de 2024 se estimaba, -según fuentes acreedoras- en unos 29.800 millones de dólares,    lo que representa una cifra aproximada similar al saldo de 2019.»⁹  Además, entre 2011 y 2015, el régimen obtuvo varias cancelaciones de deuda por 46.341 millones de dólares de Rusia, China, el Club de París y, en menor medida, México¹⁰.

Durante la crisis de la deuda latinoamericana en los años 80, Fidel Castro defendió el impago de las obligaciones, manteniendo una postura intransigente hacia los acreedores y el FMI. El historial crediticio de alto riesgo del régimen de Castro fue un factor determinante en la inclusión en las regulaciones de la Ley Helms-Burton la prohibición de conceder crédito a las transacciones comerciales con Cuba.

El resultado de la crisis y las perspectivas para Cuba

Un análisis comparativo de la Cuenca del Caribe para el año 2024, utilizando los Perfiles Económicos publicados por la CEPAL, muestra que la economía cubana perdió su liderazgo y actualmente ocupa la decimotercera posición [13] en la región, superando solo a Bahamas, Barbados, Surinam y Belice, con poblaciones de menos de 700.000 habitantes. El Producto Interior Bruto per cápita de Cuba es el más bajo de todo el hemisferio occidental.

La dirigencia castrista, desde Fidel Castro hasta la actualidad, se ha caracterizado por su ignorancia y mediocridad en la gestión de los asuntos públicos. Los hermanos Castro, en su afán de mantenerse en el poder, aislaron a Cuba del contexto occidental y la convirtieron en un instrumento de la Guerra Fría, con graves consecuencias para la nación.

La única opción para que el liderazgo que surja de las cenizas del castrismo supere la crisis sufrida por el pueblo cubano sería la reintegración total del país en el mundo occidental. Un elemento clave en el proceso de reintegración es la reactivación de los vínculos con las instituciones financieras internacionales que han favorecido el desarrollo económico y social de la región en las últimas décadas. Como hemos señalado, Cuba era miembro pleno de esas instituciones financieras y sin ellas no puede salir de la crisis actual. 

Además, es vital que el nuevo liderazgo sea capaz de incorporar a la comunidad cubana en el extranjero en los procesos de modernización necesarios. Sin su participación efectiva, insertar a Cuba en las áreas en las que ellos operan en el primer mundo sería una tarea extremadamente ardua.  

Bibliografía

1. Resolución del Presidium, 23 de septiembre de 1959. Citado por Fursenko, Alexander & Naftali, Timothy en One Hell of a Gamble (Nueva York: W.W. Norton & Co., 1997) p. 24
   
   ↩︎
2. Rickober, Hyman G., Cómo fue destruido el acorazado Maine. (Washington: División de Historia Naval, 1976) ↩︎
3.  Archivo 78825, pp164-66 SVR. Citado por Fursenko, Alexander & Naftali, Timothy, en One Hell of the Gamble. (Nueva York: W.W. Norton & Co. 1997) p. 42 ↩︎
4. Anuario Azucarero de Cuba 1959 (Havana: Cuba Económica y Financiera, 1960) p. 92-93. ↩︎
5.  Estudio sobre Cuba (Miami: Universidad de Miami, 1963) p. 1406. ↩︎
6.  Estudio sobre Cuba, p. 1408-1409. ↩︎
7.  Estudio sobre Cuba, p. 1321. ↩︎
8.  Estudio Económico de América Latina, 1957 (México: Comisión Económica para América Latina. 1958) Cap. V, p. 195. ↩︎
9. Rodríguez, José Luis, La economía mundial en 2024 y Perspectivas para 2025: Los impactos para Cuba (Parte II (La Habana, Debate sobre Cuba, 11 de febrero de 2025) ↩︎
10. Oficina Alemana de Promoción del Comercio y la Inversión en Cuba, 30 de julio de 2024. ↩︎

Por: Francisco Díaz Pou

El arroz en la dieta cubana: historia y transformación

El arroz es un alimento fundamental en la dieta de los cubanos desde los tiempos coloniales. Su presencia cotidiana no solo perdura, sino que también refleja la importancia que ocupa en la cultura y en los hábitos alimentarios de la población.

Producción y consumo de arroz en el siglo XIX

De acuerdo con Don Ramón de la Sagra, en 1830 la Isla de Cuba produjo 520 897 arrobas de arroz, equivalentes a unas 5 990 toneladas métricas. Esta producción continuó en ascenso, alcanzando en 1862 la cifra de 1 747 474 arrobas (unas 8 596 toneladas métricas).¹

A pesar de este crecimiento, durante esa época se importaron grandes volúmenes de arroz —alrededor de 900 000 arrobas (10 350 toneladas métricas)— provenientes de España, Filipinas y los Estados Unidos. La dependencia de las importaciones se debía, principalmente, a las limitaciones tecnológicas de la producción local: la falta de equipos para descascarar el arroz provocaba que el producto nacional llegara al mercado partido y sucio, por lo que su consumo quedaba restringido a las zonas rurales.

Importaciones y cambios en el siglo XX

Durante las primeras décadas del siglo XX, Cuba continuó importando arroz, esta vez principalmente desde países asiáticos como India, Birmania, Tailandia e Indonesia, que dominaban el mercado cubano gracias a la competitividad de sus precios.

Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial alteró drásticamente esta dinámica comercial. A partir de ese momento, los Estados Unidos —debido a su proximidad geográfica y al Tratado de Reciprocidad Comercial firmado en 1934, que otorgaba al arroz norteamericano un tratamiento arancelario preferencial a cambio de un trato similar para el azúcar cubano— se convirtieron en los principales proveedores de arroz para Cuba. Así, las importaciones de arroz estadounidense pasaron de 9 200 toneladas métricas en 1937 a 138 000 en 1940.

Políticas de estímulo a la producción nacional y limitaciones técnicas

La Reforma Arancelaria de 1927 representó una medida moderada pero significativa, al favorecer el inicio del proceso de industrialización en el país. Con el propósito de estimular la producción nacional, el gobierno comenzó a distribuir semillas mejoradas y puso en marcha un programa de asistencia técnica dirigido a los cosecheros. Además, facilitó la venta de máquinas para el descascarado del arroz. En 1940 existían en Cuba cinco grandes molinos arroceros y alrededor de doscientos de menor capacidad.

A pesar de estos esfuerzos, la producción nacional continuó siendo insuficiente. La escasa utilización de sistemas de irrigación y la falta de métodos modernos de cultivo limitaron el desarrollo pleno del sector. Asimismo, la ausencia de una política de crédito agrícola dificultaba la expansión de este cultivo, que requería altos niveles de capital de trabajo.
En 1939, un total de 5 274 cosecheros produjeron 15 371 toneladas métricas en 11 201 hectáreas, con un rendimiento de 1,37 toneladas por hectárea².

El camino hacia el autoabastecimiento

El camino hacia el autoabastecimiento de arroz en Cuba fue largo y estuvo marcado por persistentes desafíos estructurales y económicos. La creciente demanda interna impulsó políticas orientadas a reducir la dependencia de las importaciones, promoviendo la inversión en infraestructura y tecnología agrícola. Este proceso exigió coordinación entre diversos actores estatales y privados, así como la implementación gradual de soluciones innovadoras para optimizar la producción y distribución del arroz nacional.

En 1947, Cuba participó en Ginebra junto a otros 22 países en la creación del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés). Según sus disposiciones, cada país otorgó el trato de “nación más favorecida” a los demás integrantes. Gracias a las negociaciones, las importaciones de arroz desde los EE. UU. se limitaron a 150 000 toneladas métricas anuales, lo que permitió fomentar la producción nacional sin la competencia desleal del producto extranjero.

En 1948, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Grupo del Banco Mundial) realizó un estudio económico a solicitud del gobierno cubano, en el que señalaba la necesidad de crear instituciones financieras paraestatales destinadas a atender las necesidades crediticias de la agricultura nacional.

El 20 de diciembre de 1950 entró en vigor la Ley No. 5, titulada “Sobre el Fomento Agrícola e Industrial de Cuba”, mediante la cual se creó el Banco de Fomento Agrícola e Industrial de Cuba (BANFAIC). Los historiadores económicos de la época consideran la creación del BANFAIC como la institución más novedosa y relevante del sistema agrario cubano desde la promulgación de la Ley de Coordinación Azucarera de 1937³, que reorganizó y modernizó la industria azucarera.

El BANFAIC fue una entidad autónoma del Estado fundada con el objetivo de “crear, fomentar y mantener las facilidades financieras necesarias para el desarrollo y diversificación de la producción” agrícola e industrial, principalmente a través del crédito bancario⁴.

Desde su creación, el BANFAIC prestó gran atención al aumento de la producción arrocera. Instituyó programas de asistencia técnica, otorgó créditos a empresarios agrícolas e impulsó la instalación de sistemas de riego y la adquisición de equipos para el cultivo mecanizado. Además, financió la construcción de silos y almacenes, y junto a la Comisión Ejecutiva Nacional de Cooperativas Agrícolas y Mineras (CENCAM) promovió la perforación de pozos y el aprovechamiento de aguas superficiales en diversas regiones del país.

El 27 de enero de 1955, mediante la Ley-Decreto No. 2026, se creó la Administración de Estabilización del Arroz, cuyo objetivo era evitar las fluctuaciones de los precios internos del producto.
Antes del BANFAIC, en 1947, la producción de arroz descascarado, pulido y limpio fue de 38 456 toneladas métricas; en 1956 ascendió a 169 878, un aumento del 341,7 % en seis años⁵.

Al inicio de la expansión del cultivo, los cosecheros carecían de variedades resistentes y enfrentaron plagas y enfermedades propagadas por insectos. Además, la falta de herbicidas selectivos limitó el rendimiento por hectárea⁶. Aun así, los resultados fueron muy favorables. Según el Statistical Yearbook de las Naciones Unidas⁷, en 1957 Cuba ocupaba el tercer lugar en América Latina, después de Brasil y Colombia, en producción de arroz.

El autoabastecimiento: una meta inalcanzable

A finales de la década de 1950 se estimaba que, de mantenerse los ritmos de crecimiento, Cuba podría alcanzar el autoabastecimiento a mediados del decenio siguiente.
Lamentablemente, ocurrió lo contrario. Tras el triunfo de la Revolución en 1959, el régimen inició las confiscaciones de fincas arroceras y rompió los vínculos comerciales y tecnológicos con los EE. UU., lo que interrumpió el suministro de equipos e insumos esenciales.
En marzo de 1960 se eliminó el BANFAIC, privando a los agricultores del acceso al crédito y la asistencia técnica. El Instituto Nacional de la Reforma Agraria se convirtió en el instrumento de colectivización del sector agropecuario, proceso que se consumó a finales de ese año, desarticulando el sistema productivo del país. La producción nacional cayó de 169 878 toneladas métricas en 1956 a solo 36 080 en 1965⁸.

Ante la crisis, Fidel Castro desvió recursos financieros —manu militari— hacia la reconstrucción de la industria arrocera. Se construyeron unas 135 presas, muchas destinadas al riego de zonas arroceras, y se adquirieron más de 2 000 tractores y cosechadoras del “campo socialista”. También se ampliaron secaderos y almacenes. La producción aumentó considerablemente, y en 1989 se estimó en unas 350 000 toneladas de arroz limpio y pulido. Sin embargo, pese a estos esfuerzos y al sacrificio de otros sectores, el autoabastecimiento no se alcanzó.

Con la desaparición de la Unión Soviética y sus aliados europeos, el flujo de insumos se redujo drásticamente. En 1991, el régimen anunció un Programa Alimentario para enfrentar la crisis, pero no logró implementarlo por falta de financiamiento externo. Entre 1989 y 2000, la producción de arroz cayó un 43%, y el rendimiento agrícola descendió a menos de 3 toneladas por hectárea⁹.

Durante la segunda década del siglo XXI, el régimen declaró en dos congresos del Partido Comunista su intención de cumplir los programas de producción de varios artículos, entre ellos el arroz, pero tales metas nunca se alcanzaron.

La paralización casi total de la economía durante la pandemia de 2020 agravó la crisis del sector agropecuario. Según datos oficiales, en 2018 la cosecha de arroz mostraba signos de recuperación: se sembraron 133 716 hectáreas y se produjeron 302 000 toneladas métricas de grano limpio y pulido (listo para el consumo)¹⁰. Sin embargo, el reporte de la ONEI de 2023 registró solo 38 500 toneladas, con 29 953 hectáreas sembradas y un rendimiento de 1,96 toneladas por hectárea. La producción se redujo un 87 % entre 2018 y 2023¹¹.

El arroz, componente esencial de la dieta cubana, tuvo en 1958 un consumo total de 339 000 toneladas métricas, equivalente a 122 libras per cápita¹². La producción nacional cubría el 46 % de la demanda (56 libras per cápita); el resto era importado. En 2023, la producción nacional fue de apenas 8 libras per cápita.

Las propias estadísticas oficiales demuestran, una vez más, que el sistema impuesto por el terror hace más de seis décadas es incapaz de alimentar al pueblo cubano.

Notas

1. de la Sagra, Ramón, Historia Económica – Política y Estadística de la Isla de Cuba (La Habana: Imprenta de las Viudas de Arazoza y Soler, 1831) p. 125 ↩︎
2.  Censo de la República de Cuba de 1943. Citado en Estudio sobre Cuba (Miami: University of Miami, 1963) p. 690 ↩︎
3. Nova González, Armando, El crédito agrícola y su desempeño en el fomento y desarrollo de la producción agrícola. Antes de 1950 (La Habana: Universidad de La Habana) ↩︎
4. Castro Ferragut, El Banco de Fomento Agrícola e Industrial de Cuba (BANFAIC). Su génesis, características y desarrollo (Washington DC, 1995). ↩︎
5. Resúmenes Estadísticos Seleccionados (La Habana: Ministerio de Hacienda, 1959). Citado en Estudio sobre Cuba. ↩︎
6.   Abreu, Ernestino y Sotolongo, Raúl, El arroz en Cuba: Presente y Futuro en Desarrollo Agrícola en Cuba (Miami, Colegio de Ingenieros Agrónomos y Azucareros, 1992). P. 154. ↩︎
7. Statistical Yearbook (New York: United Nations, 1959). Citado en Estudio sobre Cuba. ↩︎
8. Figueras, Miguel Alejandro, El arroz en la Economía y Sociedad Cubana (La Habana, Cuba y la Economía, 2016). ↩︎
9.  Figueras, Miguel Alejandro, El arroz en la Economía y Sociedad Cubana. ↩︎
10. Anuario Estadístico de Cuba 2022, Cap. 9 (La Habana: Oficina Nacional de Estadística e Información [ONEI]. ↩︎
11. Anuario Estadístico de Cuba 2023, Cap. 9 (La Habana: Oficinal Nacional de Estadística e Información [ONEI]. ↩︎
12. Memoria del Banco Nacional de Cuba 1957-58. Citado en Estudio sobre Cuba. pág. 1053. ↩︎

Por: Miguel Alejandro Hayes

Sistema cuestionable

Prácticamente, Cuba exporta esclavos bajo la figura de “servicios profesionales”. El hecho resulta moralmente cuestionable y merece condena. Por ello, una de las principales líneas de acción de los críticos y opositores al sistema es abogar por la anulación de estos contratos.

Oponerse a ese trabajo esclavo es loable desde el punto de vista humano y una meta imprescindible en una Cuba en democracia. Sin embargo, la abolición inmediata de esta práctica plantea implicaciones económicas que representan un reto enorme para el presente y el futuro del país que merecen atención.

Las cifras

Durante el quinquenio 2018-2022, Cuba exportó entre 4.000 y 6.000 millones de dólares anuales por concepto de servicios «de salud humanos» y «atención social». El esquema es simple: el Gobierno vende a países aliados el trabajo de médicos y otros especialistas, pero menos del 20 % de lo recibido llega a los bolsillos de los profesionales. Vale destacar que dichos trabajadores cubanos también son despojados de sus pasaportes, vigilados y castigados con la prohibición de la entrada al país en caso de desestar. A los efectos, se trata de esclavitud moderna.

Por su parte, las exportaciones de servicios médicos representan entre el 64 % y el 73 % de todos los servicios exportados, y entre el 42 % y el 45 % del total de exportaciones del país (Figura 1). Dichas cifras muestran la magnitud del dilema: eliminar los contratos de manera súbita sería un golpe devastador para una economía ya en crisis.

Figura 1. Elaboración propia con datos de la ONEI

El caso venezolano

Un ejemplo ilustrativo es Venezuela tras las sanciones iniciadas en 2019. La nación sudamericana enviaba a Estados Unidos poco más del 20 % de sus exportaciones totales (la mitad de lo que representan las exportaciones de servicios médicos para Cuba). Con la reducción de esas ventas a cero, el PIB venezolano cayó un 25 % en un solo año, la inversión un 35 % y la inflación escaló a 9.586 %. El resultado fue una crisis humanitaria.

En el caso cubano, la pérdida de los ingresos por servicios médicos provocaría una metacrisis: un colapso adicional sobre un sistema ya colapsado.

Pagar más a los médicos

La alternativa más intuitiva sería sencilla: pagar un porcentaje mayor a los profesionales cubanos. Pero el resultado no sería tan distinto. Con salarios más altos, los médicos tendrían el ingreso más elevado del país, y en un contexto de desconfianza bancaria y ausencia de oportunidades de inversión, buena parte de esas divisas no se reintegraría a la economía cubana. Serían capitales en fuga.

Así se llega a un gran ausente en este debate: la institución bancaria. Sin un sistema financiero confiable que proteja y canalice el dinero hacia consumo e inversión productiva, sin importar el sistema político, cada dólar que entra es un potencial emigrante del circuito económico nacional.

La gradualidad

La abolición radical del trabajo esclavo, aunque justa en lo moral, aún ante un cambio de régimen, sería un tiro en el pie en lo económico. Por eso, otra vía intuitiva sería la gradualidad: reducir los contratos a medida que el sector externo se diversifique con nuevas fuentes de ingresos y que una política bancaria eficiente permita que el dinero fluya dentro del país.

Pero llenar el vacío de 4.000 millones de dólares no es tarea menor. El capital disperso de la diáspora no basta para sostener megaproyectos. Se requiere de una banca (sí, otra vez) de inversión experimentada, capaz de atraer ese capital disperso, así como  fondos adicionales. Además de un cambio de régimen que permita la entrada de entidades financieras extranjeras bajo reglas claras y una clase política en el poder capaz de negociar con esas entidades extranjeras que se asociarían a la inversión y reconstrucción de Cuba.

Un reto por comprender

¿Imposible abolir la esclavitud moderna en Cuba? No. Es un reto aún no comprendido en toda su magnitud, de ahí que el debate necesario todavía no ocupe el lugar que merece en la escena pública, ni tenga todo el rigor científico que requiere.

Después de todo, el castrismo ha dejado la economía destruida. Asumir soluciones fáciles sería, simplemente, contradecir esa realidad. Queda pendiente, para quienes pensamos salidas al callejón sin salida en que se encuentra Cuba, hallar una manera de solucionar el trabajo esclavo sin re-colapsar la economía y sin postergar la eliminación de la esclavitud de los profesionales de la salud de la isla.

Análisis de la relación entre ingresos por exportaciones e importación de alimentos en Cuba

Por: Miguel Alejandro Hayes

El núcleo teórico del debate sobre las sanciones de Estados Unidos a Cuba gira en torno a cuánto impactan en la vida de los residentes en la isla. En ese espacio de ideas existen dos posturas extremas, según las cuales las sanciones impactan más a los residentes que al gobierno, o más al gobierno que a los residentes.

Ante estas alternativas básicas, es posible someter los hechos a contraste con datos y evidencia empírica que permitan ofrecer una respuesta ordenada y científica.

Para ello, este trabajo analiza el comportamiento de los ingresos de la economía cubana por exportaciones (X) y su relación con las importaciones de alimentos (Y).

Se seleccionaron las exportaciones totales por ser la mayor fuente anual de divisas brutas del país y, las importaciones de alimentos, por ser el origen de alrededor del 80 % de los alimentos consumidos. Es necesario recordar que las Y son claves para pensar cómo se comportan las condiciones de vida de los residentes en Cuba: a mayor importación de alimentos, mayor oferta y mejores condiciones de vida; a menor importación, un empeoramiento.

Además, este trabajo emplea datos oficiales para el período 2002–2020, presentados en el Gráfico 1.

La muestra sugiere, como se aprecia en la gráfica, que existe alguna relación entre ambas variables (exportaciones totales e importaciones de alimentos). La estimación por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) permite una aproximación lineal al nexo entre ambas variables. Como resultado:

Y = 0.716416 + 0.070202·X, con R² ≈ 0,638.

Por tanto, puede afirmarse que existe correlación lineal estadísticamente significativa entre ambas variables. Así, ante un aumento de los ingresos de la economía cubana (exportaciones, X), mejoran las condiciones de vida de los residentes (aumenta la oferta de alimentos, Y).

Estos resultados no sorprenden; más bien, son intuitivos: más ingresos, mayor mejora. De ello se deriva una implicación política y de política económica respecto de Cuba: facilitar sus ingresos para que mejoren las condiciones de vida de los residentes en la isla.

Sin embargo, otros análisis de los mismos datos sugieren lecturas diferentes. La diferencia entre X y Y aumenta a medida que crece X (Gráfico 2). La estimación por MCO arroja:

Y = −716 415,90 + 0,92979802·X, con R² = 0,9968;

es decir, existe una correlación muy fuerte entre ambas variables.

La interpretación de estos resultados, en cuanto al tema en cuestión, es que, conforme aumentan los ingresos de la economía cubana (X), en términos absolutos se destina menos a la compra de alimentos (Y). Esto implica que, ante aumentos de ingresos, la propensión es a no ampliar proporcionalmente la compra de alimentos.

Por lo tanto, este segundo análisis niega, al menos como se infería del modelo anterior, que la solución a los problemas de los residentes en Cuba sea aumentar los ingresos vía exportaciones (X). Queda demostrado que esa vía no es la más eficiente (a más ingresos, se destinará proporcionalmente menos a generar oferta importada de alimentos).

Ante esta realidad, sería necesario encontrar, si existe, el punto más eficiente; es decir, cuál es el nivel óptimo entre ingresos por exportaciones e importación de alimentos o, en su defecto, qué es lo mejor que permiten las condiciones actuales.

Sobre esto, la relación entre la variación de X y el porcentaje dedicado a las importaciones (Gráfico 3) se muestra muy débil. Algo que se confirma con la ecuación lineal obtenida mediante MCO: 

Y = 13,5427 − 0,01143·X, con R² = 0,0059; 

es decir, no resulta estadísticamente significativa. Luego, se puede afirmar que no existe correlación lineal entre la variación de ingresos y el porcentaje dedicado a las importaciones. El porcentaje dedicado a la importación de alimentos no depende de la variación de los ingresos por exportaciones.

Asimismo, el porcentaje de importación de alimentos sobre el total de ingresos por exportaciones ha sido más elevado en los momentos de menores exportaciones totales, y más bajo en los momentos de mayores exportaciones (Gráfico 4).

Este comportamiento sugiere un fenómeno evidente en las importaciones de alimentos: el estancamiento. En el período observado, las importaciones de alimentos nunca superan los 2,2 mil millones de USD, mientras que no descienden de 1,2 mil millones de USD (especialmente después de 2011).

Aplicando un modelo logístico con asíntotas (para evaluar saturación) se obtiene la siguiente función:

Y_B = 0,6256 + 1,2176/(1 + exp[−0,4931·(X_B − 7,7749)]),
 

donde X_B y Y_B están expresadas en miles de millones de USD.

Esta función resulta estadísticamente significativa al 95 % de confianza (D = 28,95 > χ²{3;0,95} = 7,815). Y su primera derivada respecto a X permite identificar zonas de meseta. 

Para este trabajo se escogió como criterio el 5 % para definir dichas mesetas. Así, se obtuvo una meseta superior a partir de los 16,61 mil millones de USD en exportaciones. Esto significa que un aumento del 1 % en las exportaciones, a partir de esa cifra, se traduce en un aumento del 0,07 % o menos en las importaciones de alimentos. No se identifica una meseta inferior; es decir, a menores ingresos, menor compra de alimentos, sin reducirse la sensibilidad de Y ante X.

Los datos son claros: cuanto menos dinero generan las exportaciones, menos se destina a importar alimentos. Al mismo tiempo, a partir de determinado nivel de exportaciones, aumentos en los ingresos traen cambios casi imperceptibles en las importaciones de alimentos.

Desde el punto de vista del sistema político cubano, los datos son coherentes. El gobierno reduce el bienestar ante la pérdida de ingresos y, ante mejores condiciones económicas, no lo prioriza. Esto se debe, sobre todo, a que la ausencia de mecanismos democráticos deja al gobierno sin incentivos para mejorar las condiciones de vida de los cubanos. Los datos aquí expuestos son un reflejo estadístico de las prioridades de política del sistema.

Por último, en materia de proyecciones, los datos resultan políticamente complejos. Indican que mejorar en exceso las condiciones de la ciudadanía implica mejorar en mayor proporción las arcas del Estado, y que deteriorarlas es deteriorar al ciudadano.

Cualquier posición sobre las sanciones de Estados Unidos a Cuba debería tener en cuenta este tipo de evidencia empírica.

Por: Francisco Díaz Pou

El ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, ofreció el informe sobre la economía en 2024 y el primer semestre de 2025 a la Asamblea Nacional del Poder Popular [Parlamento] el 16 de julio de 2025. En lo referente a la zafra azucarera recién concluida manifestó: “…al cierre del primer semestre [2025] la zafra azucarera mantiene el incumplimiento, con niveles de producción de azúcar crudo inferiores al 44% de lo previsto, insuficiente para garantizar el consumo restringido”. 

El pasado junio, publicamos un artículo en el que estimábamos que la producción total de la zafra recién concluida era de alrededor de 140.000 toneladas métricas de azúcar. En su comparecencia ante los asamblearios, el ministro develó, indirectamente, el monto total de la producción de azúcar crudo y sus consecuencias inmediatas para el pueblo.

Al comienzo de la molienda de los 15 centrales participantes, los medios oficiales del régimen anunciaron los datos fundamentales del plan de producción de cada uno de ellos, que incluían toneladas métricas de azúcar crudo a elaborar, así como el tiempo de duración de la zafra y los rendimientos agrícola e industrial planificados. 

Aunque el Grupo Empresarial Azcuba, monopolio estatal que administra la industria azucarera cubana, no publica las cifras de su plan de producción, el Instituto de Investigaciones de la Cuenca del Caribe realiza una recopilación constante de datos sobre la industria azucarera de la Isla. Como resultado de esos esfuerzos pudimos conocer, con cierto grado de precisión, la producción total planificada de azúcar crudo de la zafra 2024-2025.

Según los datos publicados por los medios oficiales castristas, el plan de producción se elevaba a las 295.000 toneladas métricas de azúcar crudo. Si tomamos en cuenta las declaraciones del ministro de Economía y Planificación, concluimos que la producción real de Cuba es de menos de 129.000 toneladas métricas de azúcar crudo. Esta producción es inferior a la zafra de 1840, en la que la colonia cubana exportó unas 139.000 toneladas métricas. 

El ministro Alonso Vázquez termina su referencia a la industria azucarera en su informe a la Asamblea Nacional del Poder Popular mencionando que la zafra de este año es “insuficiente para garantizar el consumo restringido”. Al presente, con una población estimada de 9.3 millones de habitantes, el per cápita anual será 30 libras de azúcar. Al inicio del castrismo en el poder, 1959, el per cápita fue de 120 libras. ¡Otro logro de la revolución castrista!