Por: Francisco Díaz Pou
La cuarta década del siglo XX se inició en Cuba con una industria azucarera en franco proceso recesivo. La producción de los 183 centrales que participaron en la zafra de 1925 fue de 5 347 103 toneladas métricas. Esta cifra, nunca antes alcanzada, sufrió un marcado descenso en años posteriores, llegando en 1933 a solo 2 054 862 toneladas métricas, producidas por 125 centrales1.
La industria azucarera cubana aceleró su desarrollo en las últimas décadas del siglo XIX, basada en el mercado internacional. Sin esa demanda, habría seguido los pasos de la mayoría de los países que solo producían azúcar para su propio consumo. Gracias a su posición geográfica, los azúcares cubanos tenían un fácil acceso al expansivo mercado norteamericano, convirtiéndolo en su cliente por excelencia, seguido por los europeos, principalmente Gran Bretaña.
El azúcar se convirtió en el vehículo utilizado por Cuba para insertarse en la economía mundial e iniciar un proceso de desarrollo sostenido, libre ya de las ataduras y controles ejercidos por la metrópoli española. Por supuesto, esta dependencia de los mercados internacionales afectó la economía —de forma positiva, pero también negativa— desde el inicio de la vida republicana.
Los intentos de los gobiernos cubanos, en la tercera década del siglo XX, por controlar la caída de los precios en el mercado internacional fueron, en la mayoría de los casos, infructuosos. Se limitó la producción azucarera en 1926 mediante la llamada Ley Verdeja y, al año siguiente, se aprobó la Ley para la Defensa del Azúcar, conocida popularmente como Ley Tarafa. Ambas leyes, junto a un cúmulo de regulaciones, trataron de reducir los efectos negativos que las crisis en el mercado mundial ejercían sobre la industria azucarera cubana.
Otra iniciativa, originada en el sector privado, trató de influir en los mercados azucareros. El Plan Chadbourne —gestionado por el abogado corporativo neoyorquino Thomas Chadbourne, con intereses en dos centrales cubanos— propuso limitar la producción mundial. El plan entró en vigor en 1930 y obtuvo el apoyo de algunos países productores, pero no tuvo el éxito esperado, ya que un grupo de ellos se abstuvo de participar en él; según manifestaron analistas de la época, «el plan se basó en cálculos erróneos, y despertó esperanzas que no pudieron ser realizadas».2
La inversión extranjera directa en la industria azucarera
A principios del siglo XIX, los ingenios procesaban las cañas de las fincas donde estaban asentados. El dueño o hacendado aportaba el capital para la operación de su finca o hacienda azucarera; cuando estos recursos no eran suficientes, obtenía un préstamo garantizado por una hipoteca sobre la propiedad. Esta hipoteca se cancelaba con las ganancias obtenidas por la venta del azúcar producido.
El costo financiero de un ingenio era alto. El tipo de interés sobre los préstamos que cubrían una parte considerable del capital de trabajo requerido en una zafra llegaba al 2 % mensual. Las comisiones para la adquisición de suministros y la venta de azúcares alcanzaban el 5 %. Si el hacendado no contaba con amplios recursos financieros, en los años en que los precios del mercado mundial se desplomaban corría el riesgo de perder su propiedad ante la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones financieras.
Los llamados corredores de azúcar, junto a los comerciantes que proveían los suministros utilizados, eran las principales entidades que financiaban —o «refaccionaban»— las zafras hasta los primeros años de la época republicana. El Banco Nacional de Cuba, entidad privada que cerró sus operaciones en 1921 debido al «crac bancario», reemplazó a una parte de los corredores de azúcar en la subvención de las zafras.
Una de las causas del crac bancario fue el financiamiento descontrolado de la expansión azucarera durante los años de la Primera Guerra Mundial. La banca internacional, principalmente norteamericana y, en menor grado, canadiense e inglesa, llenó el vacío creado por el crac bancario y se convirtió en la fuente de financiación de la industria azucarera.
La liquidación de los activos que garantizaban los préstamos otorgados a los centrales y colonos por los bancos nacionales declarados en bancarrota provocó el traspaso de un gran número de propiedades a la banca norteamericana, que las adquirió en el proceso de liquidación. Además, varias corporaciones norteamericanas dedicadas a la producción de azúcar se vieron afectadas por la crisis y tuvieron que liquidarse o reorganizarse para poder seguir operando. De hecho, una gran parte de la industria azucarera cubana cayó bajo la influencia de bancos y otras instituciones financieras, en su mayoría norteamericanas.
Lamentablemente, el objetivo fundamental de estas entidades extranjeras era garantizar la inversión realizada y aumentar sus dividendos al mayor nivel posible. Esta era la época de los «roaring twenties», en la que la especulación dominó los mercados de capitales en los EE. UU. y en el resto del mundo desarrollado. Esa fiebre especulativa permitió una continua expansión de la industria azucarera durante la década de 1920, sin tener en cuenta que los mercados se acercaban a un punto de saturación. Por supuesto, tanto la industria como el gobierno se dejaron arrastrar por estas empresas financieras internacionales, en perjuicio de los intereses del país.
El impacto de la política arancelaria y el régimen de cuotas
Unos meses después de la independencia, en diciembre de 1902, Cuba firmó un tratado de reciprocidad con los EE. UU. La tasa arancelaria que gravaba el azúcar era de 1,348 centavos por libra. En 1914 la Tarifa Underwood redujo la tasa a 1,0048 centavos. Más tarde, los EE. UU. entraron —como el resto de los países desarrollados— en una estéril y peligrosa guerra arancelaria que se prolongó hasta la Gran Depresión, iniciada en 1929. En 1921, en medio del crac bancario y de los reajustes de precios en el mercado mundial, los EE. UU. aumentaron los aranceles azucareros a 1,60 centavos por libra; al año siguiente, el gobierno del presidente Harding los incrementó a 1,7648 centavos; finalmente, la Tarifa Hawley–Smoot, de 1930, los elevó a 2,0 centavos por libra.
Estos aumentos formaban parte de una política proteccionista cuyo resultado fue el estímulo de la producción azucarera doméstica y de las regiones insulares norteamericanas —Hawái, Filipinas y Puerto Rico— en perjuicio de Cuba.
La política arancelaria del principal mercado para los azúcares cubanos, unida al exceso de producción y al drástico descenso del consumo mundial debido a la Gran Depresión, desencadenó una reducción progresiva en el volumen de las zafras. Esto, junto al declive de los precios, produjo una disminución apreciable de su valor.
La lenta recuperación de la industria azucarera
La Gran Depresión de la década de 1930 produjo una corrección natural de los mercados: la producción mundial disminuyó y los inventarios acumulados fueron absorbidos gradualmente por un aumento moderado de la demanda.
Al mismo tiempo, la política arancelaria con respecto a Cuba dio un giro significativo con la llegada de Franklin D. Roosevelt a la presidencia de los EE. UU. El azúcar cubano recibió un «New Deal», basado en la convicción de que Cuba necesitaba una economía sólida que garantizara los niveles de prosperidad requeridos para mantener y aumentar el intercambio comercial entre ambos países. La notable disminución de las exportaciones y la considerable inversión de capital norteamericano en riesgo convirtieron la rehabilitación de la industria azucarera cubana en un factor clave de la nueva política económica de los EE. UU.
El 9 de mayo de 1934, el Congreso estadounidense aprobó la Ley Jones–Costigan, que concedía al secretario de Agricultura el poder de fijar cuotas de importación de azúcar. Las cuotas se distribuyeron entre los productores nacionales de remolacha y de caña de azúcar, y las posesiones insulares —Hawái, Puerto Rico, Islas Vírgenes y Filipinas— recibieron sus respectivas asignaciones. Cuba fue el único país extranjero incluido y obtuvo la cuota mayor: 1 902 000 toneladas cortas, equivalente al 29,37 % del total3.
Además del sistema de cuotas, el presidente Roosevelt redujo los aranceles básicos del azúcar: para Cuba, pasaron de 2 a 1,50 centavos por libra y, tras el nuevo tratado de reciprocidad EE. UU –Cuba, quedaron en 0,90 centavos.
A finales de 1934, las incertidumbres derivadas de los mercados internacionales se disipaban con el establecimiento de un nuevo marco institucional en las relaciones con el principal mercado exportador, los EE. UU. La labor constante de los distintos sectores de la industria azucarera cubana, destinada a restablecer una relación comercial beneficiosa para ambas partes, empezaba a dar frutos.
Resuelto el problema de los mercados, la atención se dirigió a la crítica situación interna de la industria. Varias voces se habían alzado para analizar sus problemas y se desarrollaba un debate público. La industria azucarera salía de una crisis existencial; muchos sostenían que necesitaba una reforma institucional y la creación de instrumentos adecuados para afrontar los retos de un mundo en rápida transformación.
Notas
- Anuario Azucarero de Cuba 1959 (La Habana: Cuba Económica y Financiera, 1960) págs. 92-93. ↩︎
- Problemas de la Nueva Cuba (New York; Foreign Policy Association, 1935) pág. 279. ↩︎
- ídem ↩︎
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Un comentario en “La crisis de la industria azucarera durante la Gran Depresión”